El cinturón de protección ecológica por el impacto de la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor, se establecía en 500 metros, distancia que no era suficiente para técnicos ambientales y por lo cual fue llevado a los 1500 metros. Después de varias semanas de negociación, los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos alcanzaron ayer un acuerdo sobre el punto más conflictivo de la ley del Mar Menor, referido a los usos agrícolas permitidos dentro de la franja de protección ecológica de los 1.500 metros próxima a la ribera. Los portavoces acordaron las limitaciones y condiciones que se impondrán, de tal forma que quedará prohibida la aplicación de todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde, así como la implantación de nuevos invernaderos en las áreas situadas en esa banda de 1.500 metros. La ordenanza exceptúa a los cultivos de agricultura ecológica, sostenible y de precisión que podrán estar dentro de la zona de los 1500 metros, pero no traspasar a más de 500 metros de la costa y a su vez deberán cumplir determinadas condiciones para ello. Anteriormente el cinturón de protección estaba establecido en 500 metros, lo cual era insuficiente según peritos en la materia de impacto ambiental. El acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos se cerró ayer después del Pleno de la Asamblea, y se basa en un consenso de más del 80% de las enmiendas formuladas al decreto del Gobierno regional de diciembre. El estatuto de Protección y Recuperación del Mar Menor, se debatirá en la Asamblea el próximo 22 de julio, para su aprobación como proyecto de ley.

Enmiendas para la protección ecológica de la zona

Para el cultivo de parcelas total o parcialmente ubicadas a menos de 1.500 metros del Mar Menor será precisa la comunicación previa a la Consejería competente en materia de control de la contaminación por nitratos, acompañando una memoria de un técnico competente que justifique el cumplimiento de la normativa. Tampoco se permitirá el cultivo de regadío de aquellas parcelas que no cuenten con derechos consolidados de aprovechamiento de aguas, en las que se compruebe que sus prácticas agrarias implican un exceso de nitrógeno aplicado o que las disposiciones de los cultivos favorecen escorrentías con sedimentos que llegan al Mar Menor en épocas de lluvias intensas. En las parcelas cultivadas ubicadas total o parcialmente dentro de la franja de 1.500 metros, la reserva de suelo será del 20% de la superficie de cada explotación y deberá destinarse a varias actuaciones o a la creación de espacios forestales. Los titulares de las explotaciones podrán adscribir terrenos colindantes situados a menos de 500 metros de la ribera, que representen hasta un 15% de su parcela de cultivo. Igualmente, no se admitirá una fertilización superior a 170 kilos de nitratos por hectárea y año.

Consenso político en lo ecológico

Los tres partidos mayoritarios coincidieron en impulsar esta ley para proteger al Mar Menor y una agricultura que sea sostenible, respetuosa con el medio ambiente y que no suponga cualquier perjuicio para la laguna salada», subrayó el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina. De igual manera, Joaquín Segado, vocero del PP, destacó que se trata de «la norma más consensuada que protege al Mar Menor, y nos permite avanzar hacia un modelo de agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente». Por su parte, el secretario general del PSRM y portavoz socialista, Diego Conesa, insistió en valorar la «voluntad de acuerdo» para trabajar por «un turismo y una agricultura sostenibles en el Campo de Cartagena y la Región de Murcia».