El Gobierno pone en marcha un cambio del reglamento de la ley de Extranjería en un real decreto, para facilitar la residencia y el trabajo a miles de jóvenes inmigrantes no acompañados o 'menas'.

La Secretaría de Estado de Migraciones tiene como objetivo flexibilizar el conjunto de normas que se aplica a los niños y adolescentes inmigrantes, y que dificultan la obtención de sus permisos de residencia y trabajo.

Miles de menas que han llegado a España sin documentos, están en el foco de recurrentes de los ataques de la ultraderecha, y por su situación están abocados a la marginalidad.

El borrador del real decreto, adelantado por Eldiario.es, introduce cambios sustanciales para agilizar la concesión de papeles, incluirlos en el mercado laboral y evitar que miles de menores lleguen a la mayoría de edad como inmigrantes irregulares.

Dicha reforma les facilitará a los extutelados acabar con una dinámica que se repite constantemente: quienes que no han sido documentados en los centros de acogida como marca la ley pasan, de la noche a la mañana, de ser niños protegidos a adultos en situación irregular. Al cumplir los 18 años, además, tienen que abandonar los centros y ya no son solo jóvenes sin papeles sino que la mayoría se convierte también en personas sin hogar. Grupo de extutelados incorporados a trabajos agrarios Así, todos los recursos que las comunidades autónomas hayan invertido en su formación e inclusión durante el tiempo que han pasado acogidos sirven para poco: sin documentos no pueden trabajar y quedan condenados a la exclusión. El real decreto acabará con este permiso no lucrativo para los jóvenes migrantes porque “no se ajusta a la realidad del colectivo” y rebaja los requisitos para obtener la autorización de residencia y trabajo cuando cumplen la mayoría de edad. Los ingresos mínimos exigidos se calculan ahora en base al Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual (469,9 euros). Esa cantidad puede provenir de un empleo, pero también de ayudas sociales, una fórmula que es más flexible y que antes no se permitía. La exigencia económica, además, no será necesaria si el joven está acogido en alguna institución que garantice su manutención. Pero sí deberán presentar informes positivos de integración y formación de la entidad que le acogió y demostrar que no tienen antecedentes penales.

Las ONG coinciden en la importancia de esta reforma para combatir la exclusión social de este colectivo.

El texto se someterá ahora a la evaluación de otros ministerios y necesitará el informe del Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros.

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