La Guardia Civil desmanteló un grupo criminal organizado dedicado a la trata de blancas con el fin de explotarlos y extorsionarlos en una localidad de Puerto Mazarrón. En el registro domiciliario fueron detenidos dos hombres de 31 y 36 años, y una mujer de 39, todos de procedencia rumana; al igual que incautaron 2.500 euros, joyas, un vehículo de alta gama,todo tipo de documentación, cuentas y tarjetas bancarias de los afectados, que han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana. Según fuentes policiales el grupo delictivo era liderado por un individuo rumano que componía la trama criminal con la selección de compatriotas a quienes ofrecía su traslado hasta la Región de Murcia donde les aseguraba vivienda y un puesto de trabajo, para luego apropiarse de sus ingresos y mantenerlos atemorizados bajo amenazas y agresiones físicas. La desarticulación del grupo criminal se originó gracias a las denuncias de 13 ciudadanos rumanos, quienes manifestaron que estaban casi esclavizados luego de haber sido trasladados desde otras provincianas españolas hasta la región de Murcia. Tras cuatro meses de investigación la Guardia Civil localizó y apresó a los individuos, atribuyéndoles la presunta autoría  de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral  y de pertenencia a una organización criminal. Las pesquisas permitieron conocer cómo operaba la banda criminal. Las víctimas afirmaron que eran captadas por un compatriota residenciado en Murcia quien les ofrecía un puesto de trabajo y alojamiento en determinada localidad de la Región. Este benefactor les facilitaba un empleo en empresas agrícolas de Mazarrón y con la excusa de tramitar los contratos de trabajo, les quitaban sus documentos personales para usarlos y dar de alta cuentas bancarias y tarjetas de crédito donde domiciliaba sus nóminas.

El grupo delictivo se valía del desconocimiento de la lengua y vulnerabilidad de las víctimas para mantenerlos alojados en viviendas previamente ocupadas por miembros del grupo y donde vivían hacinados y obligados a pagar hasta 150 euros mensuales por el alquiler.

El resto de miembros del grupo criminal desmantelado, se encargaba de  las de mantener bajo amenazas y agresiones a los trabajadores e incluso de vigilarlos durante su jornada laboral e informar de cualquier vicisitud al líder que, mayormente se presentaba como encargado de una cuadrilla de trabajadores y responsable de éstos, mientras las empresas contratantes permanecían ajenas a esta situación. La trata de seres humanos está castigada en el vigente Código Penal con penas de prisión de cinco a ocho años, por  lo que La Guardia Civil no descarta la identificación de otras víctimas y la detención de más personas vinculadas con el grupo criminal desmantelada. Además, se activó el protocolo de asistencia para las víctimas de delitos de trata de seres humanos a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mazarrón que permitirá su oportuna atención y su reinserción laboral.