Cinco grupos ecologistas se mostraron alarmados, ante los cambios legislativos del Gobierno regional, que califican como “desmantelamiento de la política ambiental”. Los grupos ecologistas son: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, su posición la manifestaron mediante un comunicado, este lunes. Las mencionadas organizaciones señalaron que el ejecutivo, amparándose en la crisis sanitaria y ecológica del Covid-19 envió a la Asamblea Regional dos decretos leyes que modifican las leyes de Puertos, del Suelo, de Vivienda y de Protección Ambiental Integrada. Por lo que consideran que las continuas reformas, siempre van en el sentido de reducir los tiempos, la evaluación, las garantías administrativas y ambientales, dejando a la administración ambiental infradotada de medios personales, económicos y materiales. De igual manera, recordaron que meses atrás se propuso “externalizar” el personal que tramita las autorizaciones ambientales y de inspección. Se buscaba dejarlo en manos de un ente denominado Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA) formado por "personal precario y que no ofrece garantías de independencia y objetividad al servicio del interés público".

“Decretazos”

A los cinco grupos ecologistas también les preocupa es que se utilice la herramienta del decreto ley, lo que evita la participación pública, dictamen de órganos consultivos, como el Consejo Jurídico o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, y de otras administraciones. Por estas razones estas organizaciones califican las como "decretazos". Razón por la que denuncian  que los cambios más negativos son el aumento de la contaminación al permitir aumentar hasta un 30 % el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación de vertidos y emisiones "sin evaluación ambiental alguna". Igualmente,  censuraron la "reducción de controles" poniendo en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización. Porque con estas "autorizaciones exprés", se reducen las garantías de evaluación adecuada. Consideran que ya es suficiente al disminuir los periodos de consulta y de información pública. El criterio de los ecologistas, es que los cambios legislativos aprobados en la Región, favorecen los beneficios privados a corto plazo. Sin embargo, todo ello a costa de eliminar una parte sustancial de los controles ambientales existentes. A su juicio, que ya son muy insuficientes, lo que tendrá muy negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud pública. Colocan como el “magnífico ejemplo”  el colapso ecológico del Mar Menor. Para estas organizaciones, aquí prevalece un beneficio privado empresarial que no genera mayor riqueza y bienestar para el resto de la sociedad. Pero, que si contribuye a las repercusiones de los problemas ambientales.