El malestar se impuso en la reunión telemática entre el Gobierno de Sánchez y los presidentes regionales este domingo, por el recorte a 14.000 millones, del Fondo Covid, que inicialmente era de 16.000 millones.
La causa, el Ejecutivo explicó a las autonomías que los 2.000 millones que salen del referido fondo, serán para crear un “fondo de educación”.
Las reacciones de los mandatarios regionales no se hicieron esperar, entre ellos, los presidentes de Castilla-La Mancha y Cataluña. De acuerdo a las explicaciones, los 2.000 millones saldrán del “fondo social”, junto  a uno sanitario y un tercero para paliar la caída de la actividad económica. Inicialmente, se programó una primera transferencia para el mes de julio, luego seguir en septiembre y noviembre.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, mostró su total disconformidad con el nuevo criterio que parece que va a imponerse.
Ya que el dinero se repartirá en función de la población de cada comunidad y no dependiendo de la incidencia que haya tenido el coronavirus en cada una de ellas. Por ello, desde Toledo se indica que este criterio está "mal" y es "injusto" porque "es dinero para Covid, deben contar los casos reales, no los posibles casos futuros". Caso contrario, a la Comunidad Valenciana le parece mucho mejor este criterio porque se encuentra en la situación opuesta que Castilla-La Mancha, tiene mucha más población y ha tenido una incidencia mucho menor del virus.
Mientras que el presidente de Cataluña, Quim Torra, protestó por el nuevo criterio de distribución del fondo, al considerar que perjudica a su comunidad, junto con Madrid, la más golpeada por el coronavirus.
El fondo que ahora sufre un recorte a 14.000 millones en función de la población también se aleja de la reclamación que semanas atrás hizo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que pedía más dinero para las comunidades que, como la suya, habían hecho más tests de diagnóstico para detectar el coronavirus.
Finalmente, la mandataria balear, Francina Armengol, mantiene que el reparto de fondos debe ser una "suma de criterios" como gasto sanitario real, pero también la población y la educación, por lo que considera que esto se "conseguirá", dado los 2.000 millones que se transfieren ahora a un fondo educativo.