La crisis ha sido una fuente de grandes ingresos para los sindicatos, además de las cuantiosas subvenciones otorgadas por el Estado y las Comunidades Autónomas.

El crecimiento de la caja de los sindicatos con los trabajadores de plantilla afectados  ha alcanzado incluso a las indemnizaciones pagadas por el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa. Es decir, mientras mayor sea el número de trabajadores afectados por los ERE, más grandes serán las ganancias de las centrales sindicales.

Se debe tener en cuenta que el abogado contratado para negociar los términos del ERE con la compañía, debe realizar el comité de empresa con el delegado del personal o quienes representen los intereses de todos los trabajadores, pero no de forma individual por trabajador.

Las cifras oficiales indican que los margenes de ganancia sin considerables.

Entre 2008 y 2010, el número de trabajadores afectados por un ERE alcanzó al millón de personas, mientras que los expedientes llevados a efecto llegaron a 42.858. El 24,1 por ciento de estos procedimientos fueron extinción de contrato, el 62,82 por ciento suspensión temporal de empleo, mientras que el 12,9 por ciento reducción de jornada.

Asesoría jurídica basada en la competencia desleal

Varios bufetes de abogados consideran las asesorías jurídicas sindicales como un caso evidente de competencia desleal. Señalan que por cada ERE de tamaño medio los sindicatos obtienen entre 100.000 y 300.000 euros.

Algunos ejemplos

El ERE ejecutado por Fibracolor, empresa participada por la Generalitat de Cataluña, pagó 1.000 euros por trabajador, la ganancia para los sindicatos fue de 280.000 euros. Este conflicto laboral concluyó con el cierre de la empresa hace tres años.

Un caso más actual es el ERE, para algunos fraudulento, de Andalucía. Específicamente el ERE de Delphi, aquí los los sindicatos podrían haberse embolsado 2,4 millones de euros en concepto de mediación, después de que sólo 600 de los 1.500 trabajadores afectados por el cierre hayan podido ser recolocados.

Las asesorías jurídicas no son su único ingreso, según las denuncias realizadas por diversas empresas, aparecen facturas correspondientes a estudios que nunca fueron públicos. La documentación suele ser facturada por sociedades instrumentales, así suele ocurrir con las multinacionales que se niegan a pagar a los sindicatos.

El responsable de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, Antonio García, niega este extremo, aunque reconoce que ellos facturan a cada trabajador entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de la cantidad con la que resultan indemnizados. «Como cualquier bufete de abogados» se defiende. Según García, «un bufete puede llegar a cobrar incluso un 15 por ciento o más».

Los sindicatos insisten en que la cantidad pactada tan sólo es abonada por los no afiliados al sindicato.

El problema es mucho mayor. Según han expertos en derecho laboral -que han participado en un gran número de ERE en los últimos años-, existe además un problema de competencia, porque «al margen de la representatividad que tengan, pactan las facturas para cobrar lo mismo. Es un comportamiento irregular, con una falta absoluta de transparencia».

El responsable jurídico de CCOO matiza este extremo y asegura que tan sólo se pactan tarifas «cuando se trata de expedientes de empleo de grandes compañías, ya que es en esos casos cuando los propios trabajadores piden que se llegue a un acuerdo sobre la factura a cobrar».

Diferencias en los criterios de cobro

Aunque lo usual es cobrar un porcentaje,  los sindicatos han optado por cobran una cantidad fija a cada trabajador por el asesoramiento técnico y jurídico.

Estas cantidades dependen del número de trabajadores incluidos en el expediente que acepten el asesoramiento y de las dificultades que pueda plantear el expediente.

Es decir, si es una simple tramitación puede rondar el 5 por ciento, mientras que si implica acudir al Juzgado la tarifa puede estar más cerca del 10 por ciento.

Aunque en algunos casos, los afiliados al sindicato no pagan, en la mayoría de los casos, al contrario de lo que asegura García, sí que lo hacen, aunque en una cantidad inferior a la de los no afiliados.

Los sindicatos suelen ajustar sus honorarios por medio de unas tablas que regulan el monto a pagar, acorde a la antigüedad de la afiliación sindical. El propósito de esto es no beneficias a quienes se han dado de alta en los meses anteriores a la presentación del ERE.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los honorarios del abogado se deben basar en cuenta la cuantía del asunto, las circunstancias de esfuerzo intelectual y laboriosidad exigidas por la actuación profesional, el dictamen del Colegio de Abogados y el alcance de la condena dictada por el Tribunal correspondiente.

La división del pago de honorarios en dos conceptos distintos viene recomendada por los propios colegios profesionales en sus criterios sobre los honorarios.

En la mayoría de los ERE, el abogado cobra un porcentaje al finalizar el proceso, pactado al principio, sobre la cantidad obtenida como indemnización por cada trabajador.

Existen una tablas de reducción de los honorarios dependiendo del número de trabajadores que participen en el ERE y sean representados por el mismo abogado o firma.

En el caso de los sindicatos, aunque suelen cobrar honorarios idénticos, éstos niegan que se hayan puesto de acuerdo para establecerlos.

No obstante, sí reconocen que en aquellos casos en que actúan los abogados de varias centrales con los trabajadores de la misma empresa o grupo empresarial es lógico que todos paguen lo mismo por los servicios prestados.

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