El Constitucional suspende la ley de salud aprobada por el Ejecutivo de Galicia que abría la puerta a multar a quienes se negaran a vacunarse, al admitir a trámite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno nacional.

Esta ley contemplaba entre otras medidas la posibilidad de sancionar hasta por 3.000 euros a las personas que rechazaran vacunarse contra la covid-19.

La admisión a trámite del recurso se produjo por estimar que invade competencias estatales. Además, implica que los artículos recurridos, entre ellos el relativo a la vacunación obligatoria, quedan en suspenso hasta que el tribunal decida y dicte sentencia.

Uno de los artículos más polémicos de la ley impugnada establece que será sancionable con una multa que puede llegar a los 3.000 euros “la negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevención consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley”.

El trámite se inicia horas después del fracaso en las negociaciones técnicas entre la Xunta y La Moncloa para aproximar posturas. Sin embargo, ambos gobiernos han acordado convocar una comisión bilateral de cooperación para clarificar sus diferencias.

Durante el último mes, el presidente de la Xunta, Alberto Feijóo, se ha mostrado convencido de que la norma gallega es “muy sólida” y no vulnera la Constitución, sino que “llena un vacío legal”.

“No obligamos a vacunar a nadie”, ha subrayado insistentemente, quien ha esgrimido que el polémico artículo solo abre la puerta a imponer la inmunización en el caso de que así se decidiese desde el Gobierno del Estado.

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